
La jueza Sarah Henríquez Marín acogió la solicitud de aplazamiento hecha por el Ministerio Público para conocer todos los documentos depositados por la parte querellante y para que sea citado el Consorcio Minero de Santo Domingo, que está a cargo de la obra.
Asimismo la magistrada se reservó el derecho de citar al ayuntamiento de Sabana Grande de Boyá el cual, según la parte recurrente, no ha autorizado el uso de suelo para la cementera.
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